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24 de enero de 2019

Denuncian linchamiento en el Gran Mendoza, con complicidad policial

El martes pasado un grupo de personas mató a golpes en la ciudad mendocina de Las Heras a Carlos Javier Bruna, de 35 años, a quien habrían sorprendido cuando salía de robar de una casa. 

Este accionar fue confirmado por vecinos que atestiguaron el episodio, señalando que el ataque, “a golpes de puño y palazos”, se produjo cuando Bruna estaba en el piso, tras tropezar con el alambre de una casa.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza comunicó por vía oficial que “un ladrón murió tras ser detenido y linchado por vecinos en Las Heras”, pero horas más tarde el jefe de la Policía provincial, Roberto Munives presentó otra versión de los hechos: “el hombre se tropezó con un alambre mientras huía corriendo y golpeó su cara contra un cordón de la acequia, lo que habría provocado su muerte” (Clarín, 24/1) –un relato que recuerda al abonado por la policía entrerriana en el linchamiento ocurrido en Paraná un mes atrás. Tanto el comunicado ministerial como la inverosímil presentación de Munives parecen apuntar en la misma dirección: encubrir la complicidad de la policía mendocina. Según informa el diario El Sol, los testigos “también contaron que cuando los primeros efectivos llegaron, no hicieron mucho para evitar la golpiza: ‘Estaban al lado mirando cómo le pegaban’, aseguró un joven” (23/1). 

Los linchamientos son una expresión de barbarie social que debe ser rechazada. Encuentran su caldo de cultivo en los gobiernos que fomentan una política de represión y gatillo fácil. Como el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo, al establecer un Código de Faltas que habilita el arresto de trapitos y vendedores ambulantes y, bajo la figura de “merodeo”, de cualquier joven pobre que circule por la calle. O el gobierno nacional, a través del respaldo a los Chocobar y los protocolos que habilitan el gatillo fácil, al presentar como criminales a migrantes y jóvenes.

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