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5 de abril de 2019

Estatales bonaerenses: controles biométricos y regimentación en los lugares de trabajo

Por María Flor Stevani
Delegada Agroindustria
Estatales bonaerenses: controles biométricos y regimentación en los lugares de trabajo

Molinetes en edificio de IOMA, la obra social bonaerense.

El gobierno de María Eugenia Vidal continúa con su ataque a los trabajadores estatales. En lugar de destinar fondos a la refacción de los edificios en los que trabajamos o de mejorar nuestros salarios, vienen gastando millones en el sistema de control de asistencia con datos biométricos.

Los controles biométricos entroncan con las cláusulas de presentismo introducidas por el gobierno, que terminan castigando a quienes se enferman, deben cuidar de familiares, se toman días de estudio o participan de un paro, permitiéndole un “ahorro” extra al gobierno. No por nada, Clarín titulaba un artículo de fines de 2017 “En Nación y Provincia: El control biométrico, llave para hacer el ajuste por debajo de los cargos políticos” (17/12/17).

Desde hace años, las horas extras se abonan en negro, al igual que numerosos ítems como viáticos y movilidad, etc. Sin avanzar en blanqueo alguno, el gobierno establece ahora una vigilancia adicional, con el objetivo de recortar el pago de las horas extras y aplicar descuentos.

Toda esta política de golpear las condiciones de trabajo fue explicitada por la diputada provincial de Cambiemos, Carolina Píparo, quien declaró en varias oportunidades que había quitar los “privilegios” a los estatales de planta permanente, ya que los derechos con los que contaban los convertían en “intocables” (LetraP, 1/2/18).

Por lo demás, en muchas dependencias ni siquiera están dadas las condiciones de aplicación de estos sistemas, sea con o sin molinetes. En las torre 1 de La Plata, por ejemplo, para tomar un ascensor hay una demora de hasta 40 minutos, con colas que llegan hasta la vereda, y en la mitad de los organismos ni siquiera hay salidas de emergencia.

La ejecución de los controles va contra toda la normativa relativa a discapacidades motrices –los edificios carecen de rampa, pero cuentan con molinetes por los que no pasa una silla de ruedas- y al manejo de la información de los datos personales recopilados, tanto por su utilización como base para abrir sumarios y suspender o despedir compañeros, como por el otorgamiento de los mismos a empresas privadas, que luego pueden vender a terceros –algo que viola la Ley de habeas data, existiendo la posibilidad penal del fraude (como ha sido señalado en las denuncias de las comisiones internas).

Hoy el sueldo promedio de la Ley 10.430, que rige el escalafón, se encuentra en $18.000, obligando a una gran masa de estatales a tener otro trabajo o tomar “changas” para llegar a fin de mes; Vidal viene promoviendo retiros voluntarios a los trabajadores de entre 10 y 24 años de antigüedad, que dejan vacantes que luego no se cubren; y el trabajo estatal se desarrolla dentro de edificios que no cumplen con ninguna norma de seguridad e higiene. La implementación de los controles biométricos apunta a la desorganización y a la regimentación de los trabajadores estatales, buscando evitar la emergencia de luchas frente a la devaluación de nuestros salarios, los recortes de personal y la flexibilización de las condiciones de trabajo.

Detrás de todo este plan hay jugosos negociados con varias empresas. Cada ministerio, organismo u hospital debe hacer un plan; se deben instalar cámaras de vigilancia, una empresa privada realiza la toma de los datos, se firman contratos anuales con la la empresa que instala el software, etc. Detrás de cada medida de ajuste, Vidal aprovecha para realizar millonarios negocios con empresas amigas.

Los sindicatos

El control biométrico no podría haber pasado sin el consentimiento de los sindicatos.

UPCN y los sindicatos de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Pcia. de Bs. As. (Fegepba) colaboran incluso con las gestiones facilitando la instalación. ATE dice oponerse al control, pero lo está dejando pasar; propone como estrategia reclamar las reuniones –que no son convocadas- de Comisiones Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), cuando estas no son resolutivos ni tienen la potestad de parar el trabajo.

Desde Tribuna Estatal pensamos que hay que encarar esta lucha provincialmente, tomando los avances y las herramientas legales (notas, inspecciones, etc) que los delegados hemos puesto en común en las reuniones. El reciente fallo contra la instalación de los molinetes en IOMA (que también impide el ingreso de los afiliados) es un paso adelante. En otros organismos, la implementación de los controles se encuentra el proceso en stand by por la bronca que genera entre los compañeros.

Debemos unir este reclamo al de la anulación del presentismo y el pase de su monto al básico, de defensa del derecho a huelga y de movilización sin perjuicio ni salarial ni de ningún tipo, y de un plan de obras de infraestructura en todos los organismos y hospitales.

Tribuna Estatal propone un plan de lucha integral del conjunto de los trabajadores de los ministerios, hospitales, escuelas, uniendo los reclamos y las reivindicaciones de todos los conflictos con paros fuertes y organizados hasta derrotar a Vidal y sus ministros.

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