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11 de abril de 2019

Ninguna sanción a Mariano Aguirre, trabajador de ARBA

Los directivos pretenden aplicarle una normativa de la dictadura militar que amordaza a los empleados.
Por Pía Garralda Tribuna Estatal La Plata
Ninguna sanción a Mariano Aguirre, trabajador de ARBA

En el centro, Mariano Aguirre, de camisa blanca, rodeado por sus compañeros y compañeras.

A raíz de una entrevista periodística realizada a Mariano Aguirre, trabajador de planta permanente de ARBA, con 11 años de antigüedad, afiliado de ATE, en la cual Mariano denunció las condiciones deplorables de higiene en las cuales trabajamos, responsabilizando de ello a Gastón Fossati, Director Ejecutivo de ARBA, se dio inicio un sumario administrativo para investigar infringió la normativa del régimen laboral régimen de los trabajadores y trabajadoras estatales, heredada de la dictadura militar, que establece la prohibición de “referirse en forma evidentemente despectiva por la prensa o por cualquier otro medio, a las autoridades o a los actos de ellas emanados”. Esta norma es inconstitucional, ya que viola el derecho a la libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

De manera informal, las autoridades de ARBA comunicaron a la Junta Interna de ATE- ARBA, que la decisión del Director Ejecutivo era sancionar a Mariano con una cesantía, es decir, despedirlo. Inmediatamente, convocamos una asamblea para el día jueves, y una conferencia de prensa, denunciando este intento de disciplinamiento no sólo hacia Mariano, sino hacia el conjunto de los trabajadoras y trabajadoras que se organizan para enfrentar el ajuste de la gobernadora Vidal. En la asamblea votamos un ruidazo recorriendo el ministerio, concentración para desarrollar la conferencia de prensa y continuidad de lucha hasta terminar con todo tipo de sanción. 

Producto de la denuncia que realizamos en conjunto con la Junta Interna de ATE Economía, las autoridades de ARBA comunicaron que revieron la sanción, “disminuyéndola” a 60 días de suspensión, es decir, dos meses sin cobrar salario. Sin bien implica un avance ya que nuestro compañero mantendría su puesto de trabajo, no podemos permitir que en este cuadro de ajuste, de paritarias a la baja, controles biométricos, descuentos por presentismo, se aplique una sanción a un compañero que denunció las pésimas condiciones en las cuales trabajamos, rodeados de cucarachas en edificios que tienen goteras y se caen a pedazos. Continuaremos la lucha contra este intento de despido que pretende ser ejemplificador para todos los y las estatales.

No a la reforma del Código de Ética de ARBA

Luego del inicio de sumario a Mariano, las autoridades de ARBA profundizaron el ataque hacia los agentes de ARBA reformando el Código de Ética de la Agencia, normativa que regula el desempeño de los trabajadores y trabajadoras de ARBA y es utilizado mayoritariamente para atacar a los agentes de ARBA, cuando no ocurre lo mismo cuando se trata del desempeño de los funcionarios.

Reformaron el artículo 23 del código, el cual establece que los agentes deberán abstenerse de efectuar manifestaciones en cualquier espacio o foro público (entre los que caben las redes sociales) sobre asuntos, políticas y/o programas concernientes a la Agencia, es decir, establecieron parámetros más restrictivos respecto de la libertad de expresión que la propia ley 10.430, desconociendo principios y garantías básicos con respecto al derecho humano a la libertad de expresión, violando el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional. Pretenden de este modo acallar los reclamos de trabajadores y trabajadoras de cualquier índole.

Asimismo, reformaron el artículo 16 el cual establece que los y las agentes deben cumplir las leyes en materia impositiva, ya que su incumplimiento constituye una conducta especialmente reprochable desde el punto de vista ético, dando lugar a la aplicación de régimen disciplinario, lo que significa en primer lugar una clara discriminación respecto del resto de los trabajares y trabajadoras estatales, y fundamentalmente otra herramienta de amedrentamiento contra los agentes de ARBA.

Estas modificaciones fueron impugnadas formalmente por la Junta Interna de ATE ARBA, por resultar una clara violación a nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, lo cual constituye una clara regresión tanto jurisprudencial como doctrinaria en la materia.

Resulta urgente la derogación de cualquier normativa que constituya una herramienta para atacar los derechos laborales de los y las trabajadoras estatales.

Continuaremos la lucha contra todo ataque patronal de parte del gobierno de Vidal.

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